Jim Manzi es fundador y presidente de Applied Predictive Technologies, empresa de software especializada en business analytics, y uno de los pioneros en cloud computing. Es, además, un conocido pensador y conferenciante, editor de la revista National Review, y mantiene una significativa actividad política liberal y conservadora. Por ello, sorprenden sus análisis y su firme posición sobre el rol crítico que la administración norteamericana ha jugado en la creación de una nación innovadora. Su reciente ensayo, “The New American System”, ampliamente difundido en USA, sustenta, precisamente, que la innovación en América (la clave de su prosperidad y liderazgo) siempre se ha soportado en políticas públicas. Los crecientes estándares de vida americanos y la raíz del éxito económico del país no se deben a la suerte, a la disponibilidad de tierra, o a razones de conquista. Se deben al liderazgo innovador. Y éste, a la actuación de su administración pública.
Según Manzi, las evidencias de la sensibilidad de las políticas públicas con el impulso a la innovación se remontan a los orígenes de la República, con los esfuerzos de Alexander Hamilton (jefe de gabinete de Washington, y arquitecto del sistema financiero americano) por atraer y desarrollar industrias manufactureras, como describió en su obra Report on Manufactures (1791). Poco después, en 1802, fue fundada la academia militar de West Point, cerca de Nueva York, la principal factoría de líderes en USA (no sólo en el ejército, sino también en la política o los negocios). Sherman, Lee, Grant, Patton, Eisenhower o Schwartzkopft han sido algunos de los protagonistas de la historia americana que pasaron por sus aulas. Pero West Point, pionera en management, fue también pionera en ingeniería. La academia, según Manzi, fue fundada (públicamente) para el desarrollo de capacidades de ingeniería de primer nivel, que permitieron el despliegue de infraestructuras y tecnologías clave para la competitividad norteamericana, como fueron el ferrocarril, la minería, o el telégrafo. Por cierto, según Manzi, fue el congreso americano quien, en 1843, dispuso el presupuesto necesario para interconectar Washington con Baltimore mediante una nueva tecnología revolucionaria (precisamente, el telégrafo), probando la eficiencia de dispositivos como los cables suspendidos.
Desde el mismo nacimiento de la nación americana, y sin contradicción con la máxima libertad de mercado, la administración de USA ha actuado con inteligencia estratégica, precisamente para expandir las fronteras del mercado y construir una economía competitiva mediante la introducción sistemática, con soporte público, de nuevas tecnologías disruptivas. En palabras de Manzi, el “despiadado pragmatismo al implementar los principios fundamentales de la libertad de mercado se ha complementado con inversiones gubernamentales decisivas en infraestructuras, capital humano o nuevas tecnologías”
Desde el final de la Guerra Civil americana hasta 1970, la voluntad de vencer enfermedades, extender la educación, y ganar las guerras en que se había involucrado, proporcionó a USA el ímpetu para constantes inversiones en innovación. Las dos guerras mundiales suponen un punto de inflexión: Vannevar Bush, decano de ingeniería del MIT escribió en 1945 su informe “Science: The Endless Frontier”, que sienta las bases del patrocinio gubernamental de la ciencia y la ingeniería. Y, si durante el siglo XIX, USA explotaba tecnología cuya base científica se había desarrollado en Europa, desde 1945, su objetivo estratégico es liderar también la ciencia fundamental.
La era de los computadores supuso un desplazamiento de los centros de poder económicos, de grandes corporaciones a pequeñas y emergentes start-up’s. Pero el gobierno, a través de agencias como DARPA (Defense Advanced Reserach Projects Agency) jamás dejó de bombear fondos para financiar los proyectos más ambiciosos, arriesgados, y rupturistas. Silicon Valley surge sobre una plataforma masiva de inversiones públicas en tecnología electrónica. Es, precisamente, DARPA, quien origina internet.
Para Manzi, hoy, la función de las administraciones continúa siendo “dar respuesta a problemas tecnológicos que ofrecen tremendo beneficio social, pero que son de demasiado largo plazo, demasiado arriesgados o demasiado difusos para ser financiados por compañías privadas”. De igual modo que en el siglo XIX el gobierno interconectó mediante grandes infraestructuras un continente-nación, hoy, en un keynesianismo refundado y orientado a la industria del conocimiento, la misión de los gobiernos continúa siendo invertir en grandes proyectos tecnológicos que permitan avanzar en la frontera del conocimiento, pero también en la frontera del bienestar de las sociedades.
En nuestro entorno, algunas voces se están alzando ya para recuperar el tiempo perdido. Sin innovación no hay progreso, y la innovación no está en España en el centro de ninguna política económica real. La inversión pública en tecnología es fundamental para construir un país competitivo. Hace poco, Lluís Torner, director del Instituto de Ciencias Fotónicas se manifestaba en este sentido. ¿Cuánto tendremos que esperar para que la innovación deje de estar en el centro de los discursos y del márketing político, y se sitúe en el campo de la estrategia a largo plazo y de las asignaciones presupuestarias reales?
