El pasado mes de febrero, Amazon anunció que renunciaba a instalar su segundo headquarter (“HQ2”) en Nueva York, tras las fuertes críticas de la oposición política, de parte de la opinión pública y de buen número de activistas contrarios a ese proyecto. La compañía, con sede en Seattle, desveló en 2017 la propuesta de instalar un segundo centro de operaciones, un gran hub tecnológico fuera del estado de Washington, donde había sido fundada. Inmediatamente, más de 200 ciudades en todo el mundo se interesaron por el proyecto, y empezaron a elaborar planes de atracción, compitiendo entre ellas. Amazon se proponía invertir 5.000 millones de dólares, y generar 25.000 empleos, muchos de ellos de alta tecnología, con salarios medios de 150.000 $. El número de puestos de trabajo indirectos se cifraba en más de 100.000. En noviembre de 2018 se dieron a conocer los afortunados ganadores a través del propio blog de Amazon: Nueva York, hasta ahora la auténtica capital del mundo, iba a ser la agraciada, aunque en Arlington (Virginia) y Nashville (Tennessee) se iban a instalar también algunos centros de operaciones y logística.
El nuevo distrito innovador iba a ser instalado en Long Island, en un espacio de un millón de metros cuadrados. El proyecto contemplaba retornos de 27.000 millones en impuestos a las arcas públicas, en 20 años, como resultado de la creación de nuevos empleos. Amazon crearía un campus de alta tecnología con infraestructuras de incubación para startups externas, cedería instalaciones para uso de artistas y emprendedores, e incluso una escuela pública se ubicaría en el distrito. La agresiva oferta de la ciudad de Nueva York, liderada por el alcalde Bill de Blasio, y el gobernador Andy Cuomo fue presentada como la mayor iniciativa de promoción económica de la historia de la ciudad, un proyecto para relanzar Nueva York y situarla al nivel tecnológico del Silicon Valley
El problema se inició cuando trascendieron los incentivos que recibiría la empresa por parte de las administraciones locales: 1.525 millones de dólares iniciales, de los cuales 1.200 eran retornables a bajo tipo de interés, y 325 a fondo perdido. Otros fondos provenientes de subsidios a desempleados y fondos sociales fueron asignados, hasta completar un paquete público de 3.000 millones. El acuerdo significaba que el estado destinaría 48.000 € de fondos públicos por cada empleo generado. El impacto en la geografía urbana y la economía local sería incalculable. Incluso partes del East River iban a ser renombradas: nacería un nuevo Amazon River, en este caso en Norteamérica.
La oposición política de Cuomo y de Blasio inmediatamente se alzó contra el proyecto: iba a disparar el coste de la vivienda en Long Island y en toda Nueva York. Se convertiría en una gran operación especulativa. Se incrustaba, además, cerca de zonas suburbiales de extrema pobreza, creando un choque de desigualdad. Fondos que podían destinarse a fines sociales iban a direccionarse a una de las corporaciones más opulentas, propiedad del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. ¿Era eso social y moralmente justificable? Líderes políticos y civiles amenazaron al alcalde y al gobernador a llevarlos ante la justicia si el proyecto progresaba. Ante la escala de la polémica, finalmente, Amazon anunció que renunciaba a la construcción del hub tecnológico.
Nueva York ha perdido una oportunidad de oro de proyectarse al futuro y de posicionarse de nuevo en el estrellato de las orbes globales. ¿Es correcto competir, usando fondos públicos, por iniciativas como esta? Hasta ahora, el mainstream económico dominante sentenciaba claramente que no. De nuevo, la mano invisible del mercado sería infinitamente más sabia que cualquier intervención política nutrida de dinero público (siempre susceptible de ser corrompida). Pero, ¿qué es mejor, destinar esos fondos a atraer a Amazon a tu ciudad, o seguir pagando subsidios de desempleo ad eternum? Los partidarios de políticas proactivas de desarrollo económico y tecnológico, hasta ahora una tribu de irreductibles al margen del mainstream empezamos a oír voces amigas. Arrecian los tambores de la política industrial, una política desterrada del know-how económico desde los 80. Vientos asiáticos, que no tienen demasiadas contemplaciones en el apoyo a proyectos que directamente atraen prosperidad a los ciudadanos, han disparado ya las alertas en Europa.
Y, no seamos ingenuos. Incluso en EEUU este tipo de políticas agresivas siempre se han implementado. Incluso en los años de liberalismo desatado, la atracción de Mercedes-Benz a Alabama fue regada con 250 millones en incentivos (una decisión muy discutida en la época, 1993). Las externalidades creadas permitieron atraer después nuevas fábricas de Honda, Toyota y Boeing, creando un clúster de manufactura que diez años después pagaba 350 millones anuales en salarios y empleaba a 10.000 personas. Más allá de la frontera estadounidiense, pasado el Niágara, en Toronto se está desarrollando un increíble clúster de inteligencia artificial, no sólo gracias a las pacientes inversiones en ciencia de frontera, sino también gracias a las facilidades para atraer inmigración de muy alta cualificación, y a instrumentos como el Strategic Innovation Fund, dotado con 1200 millones para proyectos de investigación industrial. Pero el campeón mundial de la innovación es hoy, sin duda, Singapur: un nuevo programa de inversiones acaba de ser anunciado, dotado con 535 M$ (para un pequeño país con una población de 5.5 millones de habitantes). Entre ellos, 100 millones para investigación en clean meat y el futuro de la alimentación y 350 millones para inteligencia artificial, supercomputación y robótica. Tenemos mucho que aprender, mucho por priorizar, y muchos complejos por disipar si queremos volver a prosperar.
El futuro está en esos hubs. La innovación requiere inversión y esfuerzo público dirigido e inteligente. Es hora de despertar de la ingenuidad.
Como siempre, un tema de actualidad bien planteado.
Gracias por tu trabajo
Hola profesor. ¿Podría explicar qué es eso de liberalismo desatado? Gracias.